ANALIZA PRI REINSTAURAR LA PENA DE MUERTE EN SONORA 

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Hermosillo. La pena de muerte en Sonora se abolió en el año de 1957, pero exactamente 60 años después el Partido Revolucionario Institucional estudia la posibilidad de restaurar ese tipo de castigo a quien comete delitos considerados como sumamente graves. Precisamente esa última ejecución fue a dos personas que habían violado y asesinado también a dos niñas.

Sobre este tema que es considerado aún como polémico, habló el presidente del PRI en Sonora, Gilberto Gutiérrez Sánchez, quien desarrolló una explicación más precisa en torno a este asunto y acerca de una consulta que el partido ha realizado sobre ello entre la sociedad sonorense.

 

—¿Cuál es la posición del PRI en Sonora referente al tema de la pena de muerte?

—No queremos restaurar la pena de muerte, sin embargo, es un tema sumamente importante e interesante a la sociedad cuando la consultas.

Nosotros hicimos varios estudios de opinión respecto de las medidas que hay que tomar en materia de seguridad, normatividad, de toda la legalidad que debe de existir alrededor de la seguridad pública y ahí los sonorenses tienen una opinión muy interesante respecto de la posibilidad de instalar o no la pena de muerte.

 

—Y, ¿qué dicen los sonorenses?

—Hay un 50 por ciento que dice que sí y el otro que no.

Yo creo que hay un gran rechazo a la situación de violencia por la que atraviesa el país, también hay el deseo de que haya castigos más severos a quienes cometen ciertos delitos.

Cuando la pena de muerte va a acompañada con el nombre de los delitos a los cuales habría que imponérsela, se dispara el sí y esto tiene que ver con la reacción muy humana de la población de rechazar o violentar a las personas más vulnerables, como es cuando se trata de lastimar a menores de edad o que se cometan homicidios contra personas en estado de indefensión. Eso la sociedad sonorense lo rechaza abiertamente. Y ahí es donde viene esa reacción tan humana de favorecer la pena capital.

Aquí hay que recordar que la Constitución la prohíbe, el artículo 22 de la Constitución no lo permite, el 14 constitucional también fue modificado para que nadie sea privado de la vida. Por eso no hay la manera de pensar en una pena de muerte legal.

El asunto está, entonces, en que la pena de muerte habría que regresarla a la Constitución primero y después a las constituciones locales.

 

—¿Quiere decir que el PRI Sonora está haciendo un estudio a profundidad sobre la legítima defensa?

—En el PRI ya tenemos trabajando técnicamente una iniciativa que se la entregaremos a los diputados locales. La legítima defensa es una de las causas excluyentes de responsabilidad mediante la cual, si alguien que se ve amenazado tiene el derecho a defenderse o una vez amenazado, se justifica que use la violencia; pero resulta que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la presunción de inocencia no abraza a la legítima defensa, primero meten a la cárcel a una persona y luego acredita o justifica.

La legítima defensa se debe presumir también; queremos que sea una obligación del Ministerio Público, el probar todo ello a favor de las víctimas. Es decir, si alguien está en su casa y ve amenazando a sus hijos o que injustificadamente estén siendo violentados de forma arbitraria, tiene derecho a defenderlos y en ese sentido el código no está actualizado.

 

—¿Se ve como una acción para proteger a la familia en lugar del delincuente?

—Las familias deben tener la capacidad legal de defenderse y la autoridad la obligación de probar que no es así. Primero está la seguridad de las familias, el bien jurídico tutelado, que es la integridad física de las personas y luego, entonces sí, que se presuma su inocencia; que usaron al igual que otros la violencia para defenderse y no al revés. Debemos conservar que haya cierta proporcionalidad en la defensa de tus bienes, vida e integridad.

 

—¿Cómo lograr esto?

—Todo tiene que estar debidamente acreditado y quien debe probar que no fue así es la autoridad.

Hoy en día primero te detienen en la averiguación, porque no existe la presunción de legítima defensa. Todo es perfectible y más en materia de derecho.

Por eso nosotros estamos trabajando todo eso, porque la orientación que nos da la gobernadora es estar actualizando las instituciones y sus normatividades todos los días para tener posibilidades de mejorar todos y no solo los que tienen una condición favorable en este momento.

Por eso en el PRI estamos estudiando constantemente las leyes para mejorarlas.

Precisamente de todo esto, fue que derivó esa consulta que hicimos entre la sociedad sonorense y la mitad consideró que sí es viable esa posibilidad, pero en ciertos delitos únicamente.

 

—¿Qué habrá de pasar para pensar que esa propuesta se realice?

—Esto es un tema del ámbito federal, por eso habrá que preguntarnos en los próximos procesos, a quien aspire a un cargo, qué opinión tienen de eso; si la reinstalan o no, de si sus partidos están de acuerdo, etcétera.

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