LA CIFRA DE DESAPARECIDOS ES MÁS ALTA DE LO QUE ADMITIÓ PEÑA NIETO 

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Ciudad de México. Al presentar su renuncia al cargo, el comisionado de Búsqueda de Desaparecidos, Roberto Cabrera, informó que a la fecha existen 40 mil 180 personas sin localizar, un aumento de 12 mil 657 casos durante el sexenio anterior.

En octubre, el entonces secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, informó que existían 37 mil 485 desaparecidos, por lo que en estos tres meses la cifra aumentó 2 mil 695 casos.

Mientras que en febrero de 2013, al iniciar la gestión de Enrique Peña Nieto, la cifra de desaparecidos ascendía a 27 mil 523.

Asimismo, la Plataforma México detalla que hay registros por huella dactilar de 36 mil 706 personas sin identificar, de acuerdo con datos a mayo de 2018.

Cabrera señaló que el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas no constituye una herramienta que permita conocer ‘dónde nos encontramos en el tema, no nos dice quiénes son, ni responde a la pregunta de cuáles fueron las circunstancias de su desaparición’, además que incluye pocos datos sobre desaparición forzada y migrantes, de casos que iniciaron como trata o secuestro, y otros que teniendo un expediente abierto no estaban registrados.

Dijo que por medio del Grupo de Trabajo de Identificación Humana se logró identificar a más de 400 personas, algunas con más de 10 años en esta situación, pero apenas 20 casos contaban con reporte de desaparición.

Informó que la Comisión conformó una base de datos que contiene más de 50 mil perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas y restos óseos.

 

‘México es un desastre’: HRW

‘México es una catástrofe en derechos humanos’, según el informe anual de Human Rights Watch (HRW), que añade la ‘extrema violencia del crimen organizado’ y los ‘extendidos abusos del Ejército y la policía’. También siguen los ‘asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas’.

 

El terrorífico camino hacia la verdad y la justicia

En México la narrativa del terror, el sufrimiento y los costos emocionales y económicos en la búsqueda de personas desaparecidas han sido una constante desde hace 12 años, los cuales parecen una eternidad para las familias esmeradas en encontrar a sus seres queridos, en vida, en muerte, en fosas comunes y clandestinas.

A partir de la construcción y depuración de bases de datos, se puede decir que se tiene el registro de la identidad digital de la persona desaparecida que incluye nombre completo, fecha de nacimiento, fotografía y huella dactilar.

Los datos no son anecdóticos: en enero de 2018, hace un año, entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Es la tenacidad de las y los buscadores lo que permitió la concreción de un ordenamiento legal de esta naturaleza que es por demás indispensable y para cuyo cumplimiento aún se registran retos y pendientes.

Las víctimas y las familias como víctimas indirectas reclaman investigaciones transparentes y certidumbre.

A la danza de cifras dantescas de víctimas, se suma la tragedia de quienes con desesperación buscan a sus seres queridos.

Porque la tragedia humanitaria se desarrolla en el inmediato de las personas allegadas de quienes están desaparecidas, sin localización y quienes murieron o fueron asesinadas, pero que se desconoce esta circunstancia.

Saber dónde están contribuye a sobrevivir y cerrar los ciclos de duelo en lo individual y familiar, a reconstruir el tejido social, y debe permitir sanar heridas.

Ello siempre y cuando se cumplan condicionantes básicas y muy necesarias: verdad, justicia y no repetición.

A un año de la entrada en vigor de la ley, organizaciones de sociedad civil que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) reconocen que con el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador inició una nueva etapa del Estado mexicano en el trato, interlocución y diálogo con las familias de las víctimas.

No obstante, señalan que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley aún hay pendientes:

-Falta garantizar la participación de las familias de manera plena y adecuada en las acciones de implementación de la ley.

-Es urgente resolver la crisis de identificación de cuerpos exhumados en fosas clandestinas y comunes con un mecanismo extraordinario de identificación forense. Es necesario crear las instituciones que la Ley mandata para la búsqueda e investigación.

-Al día de hoy no se han conformado la gran mayoría de las comisiones estatales de búsqueda ni las fiscalías especializadas en los estados.

-Se deben lograr la coordinación y el intercambio de información entre las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Búsqueda, así como las Comisiones de Búsqueda y las Fiscalías Especializadas nacional y locales.

-Concretar con plena participación de las familias los protocolos en materia de búsqueda, investigación y forense que establecen la Ley, el Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumaciones. Poner en operación el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y que cada una de las 32 entidades hagan lo propio.

-Que el Estado garantice todos los recursos necesarios para la búsqueda de personas y el acceso a la justicia, y garantizar un ejercicio adecuado y transparente del presupuesto asignado.

-Que el Estado mexicano acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU para recibir comunicaciones individuales y se realice una visita oficial del Comité este 2019.

-Que el Estado mexicano acepte todas las recomendaciones en materia de desaparición y combate a la impunidad que se emitan como resultado del Examen Periódico Universal 2018 que se realizó en noviembre 2018.

El relevo de Cabrera Alfaro en la Comisión Nacional de Búsqueda deberá concretarse con un proceso elección transparente, público y con la plena participación de las familias.

Esto es lo que solicita el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, integrado por más de 50 colectivos de familiares de personas desaparecidas, provenientes de 18 entidades federativas de México y tres países de Centroamérica.

Baste recordar que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como otros mecanismos complementarios son un logro de las familias que buscan en vida, en muerte, en fosas clandestinas.

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