Hermosillo. La Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE) cuesta para los sonorenses cuatro millones de pesos diarios.
Es decir, cada seis horas se gastan un millón de pesos y los residentes de la entidad le exigen resultados.
De acuerdo al Boletín Oficial del Estado, del viernes 27 de diciembre de 2019, en el tomo CCIV, se informa que la fiscalía tiene un presupuesto de mil 497 millones 303 mil pesos para este año.
La cascada financiera se contrapone a los resultados ofrecidos hasta ahora por esta fiscalía.
Durante el primer trimestre de 2020 en la entidad se han cometido 7 mil 165 delitos del fuero común con su respectiva carpeta de investigación, según la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De estos, un total de 2 mil 653 casos la Vicefiscalía de Control de Procesos decidió el No ejercicio de la acción penal (NEAP).
Es decir, en 37 de cada 100 casos la fiscalía se desiste de emprender toda acción legal.
‘Perdonan’ a excolaborador de Padrés
Como fue el caso documentado de Mario Cuén Aranda, extesorero estatal en el sexenio de Guillermo Padrés, quien fue “perdonado” por la fiscalía sonorense.
El jueves 26 de septiembre de 2019, un escrito fue enviado al Juez Oral del Distrito Judicial Uno, en el que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FDE-Sonora), dependiente de la FGJE, decidió el No ejercicio de la acción legal en el recurso de revisión con número de expediente 190/19.
De esta manera, el extesorero de Padrés se liberó de toda causa penal por el supuesto quebranto de más de 300 millones de pesos al ser acusado de desviar a cuentas particulares y a otras desconocidas, las cuotas partidistas de Acción Nacional durante el periodo de 2009 a 2015, cuando Guillermo Padrés Elías fungió como gobernador del estado de Sonora.
Según el expediente original 876/18, Mario Cuén Aranda fue vinculado a proceso por la supuesta comisión de un delito en materia electoral “en destinar aportaciones de dinero a un partido político habiendo prohibición, cometido en contra de la sociedad y en modalidad de ejecución continuada”.
Al excolaborador de Padrés se le sancionaría, presuntamente, con lo previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos y lo relacionado con el diverso 54 de la Ley General de Partidos Políticos.
Pero la denuncia interpuesta por Secretaría de Hacienda ante la extinta Procuraduría General de la República, remitida a su vez a la Fepade y, por competencia, puesta a disposición de la FDE- Sonora, quien en un principio llevó el caso de supuesto quebranto frente a autoridades jurisdiccionales y a la postre se desistió de toda acción penal, con la venia de la actual fiscal.
Cuestionarán procuración de justicia
Para ejemplificar aún más la ineficacia en la procuración de justicia estatal se retomará una investigación emprendida por estudiantes de la Licenciatura en Derecho.
"El ambiente de inseguridad que sufrimos los sonorenses es latente: las acciones de nuestras instituciones o bien son insuficientes o completamente inútiles”, precisa el estudio jurídico.
Los universitarios realizaron una retahíla de preguntas por la plataforma de transparencia a las 72 direcciones de Seguridad Pública Municipal.
Estas reportaron la detención de 22 mil 500 personas en el periodo comprendido del 15 de diciembre de 2015 al 12 de junio de 2018 cuando se estrenó el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
La fiscalía estatal también inquirida por transparencia informó que en ese mismo periodo le fueron remitidos 11 mil 463 presuntos responsables y, de estos, 7 mil 529 fueron consignados ante una autoridad judicial.
Caso extraño, el Poder Judicial (incluido en las preguntas de transparencia) solo vinculó a proceso a 4 mil 418 presuntos responsables durante las fechas en el estudio; unos 329 atendieron acuerdos reparatorios, y 2 mil 442 se pronunciaron por un procedimiento abreviado.
“Nuestro objetivo es evidenciar la gran diferencia que existe entre las personas que fueron detenidas a las consignadas al ministerio público; las judicializadas y las que al fin fueron sentenciadas, así como evidenciar el gran número de personas que optaron por un juicio abreviado y el monumental abismo que existe en las que fueron sentenciadas en juicio oral, estos datos arrojan más preguntas que respuestas”, sintetizan los estudiantes.
“Esta es una orientación para determinar en qué punto del proceso aquellas personas que cometieron algún delito continúan libres y posiblemente delinquiendo con impunidad”, apuntan en el estudio.
La estadística y las conclusiones universitarias son contundentes. La eficacia no es el fuerte de la fiscalía sonorense.
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