FISCALÍA DE SONORA SIGUE SIN RESULTADOS; CRÍMENES Y DESAPARICIONES, EN AUMENTO

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Hermosillo. Sonora se ubica en décimo octavo lugar nacional en número de habitantes, pero en cuarto lugar nacional en personas exhumadas de fosas clandestinas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía establece en su registro Intercensal 2015 que la entidad cuenta con 2 millones 850 mil 330 residentes.

Mientras que el más reciente informe de la Comisión Nacional de Búsqueda precisa al corte del 13 de julio anterior que en Sonora se han recuperado 143 cuerpos que habían sido enterrados de manera clandestina.

Esto representa que el estado esté en la cuarta posición nacional de exhumaciones después de Jalisco (487), Sinaloa (253), y Colima (179).

Es decir, en territorio sonorense se han contabilizado el 8.50% de todos los cadáveres encontrados en fosas clandestinas.

Estas últimas suman 90 en la entidad, que la posicionan en quinto lugar entre los 32 estados de la República.

En primer lugar, está Veracruz (173); segundo, Sinaloa (151); tercero, Colima (130); y cuarto, Guerrero (109).

De acuerdo a los cálculos de la Comisión Nacional de Búsqueda, el 7.87% de todas las fosas clandestinas detectadas se encuentran en Sonora.

La pregunta es: ¿Dónde se encontraba el personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado cuando estas personas fueron ejecutadas y enterradas en fosas clandestinas?

Y no es para menos: La FGJE les cuesta a los sonorenses 4 millones de pesos diarios.

Así: Cada seis horas se gastan un millón de pesos y los residentes de la entidad le exigen resultados.

De acuerdo al Boletín Oficial del Estado, del viernes 27 de diciembre de 2019, en el tomo CCIV, se informa que la fiscalía tiene un presupuesto de 1,497 millones 303 mil pesos para este año.

La cascada financiera se contrapone a los resultados ofrecidos hasta ahora por esta fiscalía.

Durante el primer semestre de 2020 en la entidad se han cometido 13 mil 645 delitos del fuero común con su respectiva carpeta de investigación, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De estos se han cometido 741 ejecuciones y 12 feminicidios registrados este año.

El SESNSP informa que también de enero a julio se han cometido 500 delitos contra la libertad y la seguridad sexual en Sonora.

Se han perpetrado 281 abusos sexuales, han denunciado 30 acosos sexuales, y se han presentado 6 casos de hostigamiento.

Asimismo, se acumulan 111 violaciones simples; 30 violaciones equiparables y otros 42 delitos sexuales sin tipificar.

Peor aún: A las mujeres sonorenses las asesinan, violan, torturan, golpean, utilizan, odian, cosifican, maltratan, acosan, hostigan, señalan, inculpan, menosprecian, infravaloran, engañan, minimizan, invisibilizan, desaparecen, raptan, reptan, secuestran, extorsionan, presionan, enjuician, roban, acuchillan, queman, incineran, lesionan, abusan, fraudean, dañan, engañan, corrompen, tratan, amenazan, envenenan, y las intoxican.

México y Sonora se han convertido en un mapa de feminicidios, de desapariciones forzadas, secuestros, maltratos y llamados de emergencia en detrimento de las mujeres.

Las luces de alerta se encienden, las autoridades evaden su responsabilidad, los ataques contra las mujeres no cesan.

 

 

Más injusticias

La Fiscalía General de Justicia en el Estado se ha encargado de enredar la carpeta de investigación iniciada por el asesinato Jorge Armenta Ávalos, director y fundador de Grupo Medios Obson.

Sencillo: Lo ideal sería que la FGJE turne el expediente a Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión para que el caso sea resuelto a la brevedad posible en el ámbito federal.

Complicado: La fiscalía reserva la carpeta de investigación hasta enero de 2021 y ni siquiera los afectados, en este caso familiares y abogado defensor, tienen acceso a la directriz judicial y sus avances periciales.

Desnivel: Claudia Indira Contreras Córdova, la fiscal sonorense, se ha obstinado con retener el caso pese a que está fuera de su alcance de actuación.

Braulio Díaz, ministerio público de la Fiscalía General de la República (FGR) y encargado de la carpeta de Armenta Ávalos, envió el requerimiento para que se le entregara la documentación del caso y ante el desacato de la fiscal, solicitó que se le apercibiera por la vía administrativa el pasado 29 de julio.

Supuestamente, la amonestada se escudó en una resolución emitida por el juez de control, Eugenio Medina Durán, quien el 14 de julio anterior reservó el expediente para las víctimas y ofendidos.

No solo eso. Esta misma resolución fue alterada para solo dar acceso, exclusivamente, al ministerio público del fuero común.

La Fiscalía General de Justicia en el Estado ha convertido el expediente en una trama telenovelesca, sin importarle los vuelcos de corazón que provoca en familiares y amigos de Jorge.

Este 16 de julio se cumplieron cuatro meses del ataque artero a la libertad de expresión sonorense, así como lo determinó hace dos meses en una audiencia privada un juez de control del fuero común.

Aquella audiencia privada fue una victoria pírrica. Por un lado, reconocen que el asesinato de Jorge Armenta fue por su labor periodística, pero por el otro concede que se encripte el expediente por los próximos seis meses.

“El momento amargo fue cuando nos enteramos que ya no vamos a poder conocer el contenido de la carpeta de investigación aun siendo víctimas u ofendidos”, expresó aquel día Oscar González Ulloa, abogado defensor y representante legal de la familia.

Esta decisión del Juez de Control, añadió el litigante, se basa en el Artículo 220 del Código de Procedimientos Penales, la cual fue creada para proteger parte de la carpeta de investigación, pero no todo el contenido.

“Es un mal uso de la figura de reserva, ya que ningún Artículo debe ir en contra de la Constitución, nosotros consideramos que es una grave violación a nuestro derecho como víctima y ofendido, el Artículo 20 Constitucional nos señala que, en todo momento, no solo podrá conocer la carpeta, sino que tiene derecho a copia autentificada de la misma”, argumentó.

Y más recientemente explicó que la decisión de bloquear el expediente de Jorge Armenta no está firme por haber una impugnación en curso contra de la decisión del juez de control, por lo que el ministerio público del fuero común, Aurelio Saúl González Arias, tiene la obligación de mostrar tanto a la defensa como víctimas e imputados la carpeta de investigación.

“La actitud del ministerio público González Arias que es el que lleva el caso de Jorge Armenta sigue siendo de negativas, de encubrimiento, ni siquiera estamos solicitando que nos dé copia del expediente, solamente queremos que nos deje verlo”, subrayó el jurista.

La trama urdida por la fiscalía sonorense también se contrapone a la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su novena gira de trabajo por la entidad reconoció que de cuatro ejecuciones de periodistas acontecidas en Sonora desde que inició su mandato, solo falta por resolver el de Jorge Armenta.

“El asesinato de periodistas, de cuatro, en los últimos años tiempos; ya tres fueron aclarados, con detenidos y uno más en proceso de investigación.  O sea, son de las cosas que les tenemos que informar”, resaltó el jefe del Ejecutivo mexicano durante La Mañanera del jueves 6 de agosto, organizada en el 60 Batallón de Infantería de Cajeme, Sonora.

Jorge Miguel Armenta Ávalos, líder editorial de este grupo noticioso fue acribillado la tarde del 16 de mayo anterior y hasta ahora -cuatro meses después- la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha presentado una sola línea de investigación que esclarezca el crimen.

Desde que inició la administración de López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, han asesinado cuatro periodistas en Sonora: Reynaldo López, el 16 de febrero de 2019; Santiago Barroso, el 16 de marzo de ese mismo año; Jorge Armenta, el pasado 16 de mayo; y José Guadalupe Castillo, el 12 de junio anterior.

De estos casos, solo el Jorge Armenta no se ha resuelto y se desconocen ministerialmente los motivos.

 

No todo bien en casa

Claudia Indira Contreras Córdova tendría sus días contados al frente de la Fiscalía General de Justicia en Estado.

Solo un día antes de que el aparato gubernamental sonorense cerrara por la emergencia sanitaria, el 18 de marzo anterior, un juez habría de imponer una fecha entre abril y mayo para resolver si la elección de la fiscal se realizó conforme a derecho.

De acuerdo a la solicitud de "nulidad absoluta administrativa” identificada con el folio 185 /109 /II, se presume que la selección de Claudia Indira Contreras Córdova como fiscal general sonorense es improcedente, debido a que el anterior titular de este organismo, Rodolfo Montes de Oca, no compareció ante el Congreso local al momento de presentar la renuncia.

Este recurso, el de "nulidad absoluta administrativa", también solicita la revisión de las omisiones legislativas en el proceso de emitir la convocatoria y la elección de la fiscal.

Martín Gerardo Murrieta Romero, promovente de la solicitud, señaló que el fiscal sonorense solo puede renunciar a su cargo por motivos “graves” y no “personales”, como los argumentados por Montes de Oca el 5 de octubre de 2018.

“Se metieron por el arco del triunfo las leyes (en el Congreso local) y a pesar de ello, lanzaron una convocatoria mal hecha, mal redactada, desaseada y contradictoria”, acusó el abogado.

Primero, Murrieta Romero, tramitó un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Hermosillo, Sonora, mismo que le fue rechazado por un recurso “legaloide” con el que fue desconocida de una de sus firmas.

“Tengo informes desde la Ciudad de México que autoridades intervinieron antes los juzgados de distrito en Sonora para que no me dieran el gane”, expuso el entrevistado a Última Palabra.

Actualmente, este amparo se encuentra en revisión de un tribunal colegiado.

Después, el litigante inició la solicitud de "nulidad absoluta administrativa” ante el Tribunal de Justicia Administrativa porque el amparo “seguía su curso lentamente”.

El penalista Murrieta había sido uno de los abogados que atendió la convocatoria para sustituir a Montes de Oca, pero las presuntas irregularidades lo obligaron a denunciar e iniciar el camino jurídico para invalidar el proceso de selección.

“Si se logra esta solicitud sería un gran precedente a nivel nacional, sobre todo, en el despertar que deben tener los abogados por el letargo en el que están viviendo por la procuración de justicia y la violación impune de las leyes”, expresó.

La resolución del Tribunal de Justicia Administrativa se advierte inmediata una vez que concluya la emergencia sanitaria.

Algunos de los abogados consultados para la redacción de este escrito consideran que la solicitud es “impecable”.

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