Con votación dividida, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) facultó al gobierno federal y estatales, así como a los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión, a realizar actividades, emitir propaganda y usar recursos públicos para promover la elección judicial.
La mayoría de tres magistrados, con el voto en contra de dos, determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene la facultad exclusiva de promover la participación ciudadana en ese proceso electoral, y aunque permitió que todo servidor público y nivel de gobierno también realice esas tareas, emitió un decálogo de reglas que deberán cumplir.
La sentencia aprobada, elaborada por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, determinó que el INE “no cuenta con una atribución exclusiva y excluyente para promover el voto o la participación ciudadana” en la elección judicial, por lo que invalidó la prohibición a las autoridades legislativas o de los tres niveles de gobierno a participar en la promoción de la elección judicial.
“Contrario a lo sostenido por el INE, los entes públicos sí cuentan con atribuciones para difundir contenidos de carácter institucional para promover, entre otros, derechos constitucionales, contenidos de carácter institucional con fines informativos, educativos, culturales o de interés social”, concluyó el TEPJF.
Así, se autorizó a gobiernos, funcionarios y servidores públicos a destinar recursos públicos a esas tareas “siempre y cuando los recursos públicos utilizados estén destinados a la comunicación social con fines constitucionalmente lícitos, sin algún tipo de sesgo o apoyo a determinada candidatura”.
Con ello se dio la razón a 37 impugnantes, desde la presidenta Claudia Sheinbaum, gobernadores y hasta candidatos a juzgadores, quienes reclamaron las prohibiciones contenidas en los Criterios que garantizan la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas y veda electoral para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del poder judicial de la federación 2024-2025, emitidos por el Instituto.
El acuerdo del INE es “desproporcionado” valoró el magistrado Felipe Alfredo Fuentes. “No podemos interpretar una norma creada para evitar abusos como si fuera una norma diseñada para guardar silencio. Seamos claros promover la participación ciudadana no es lo mismo que hacer campaña”, argumentó.
