El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por ocho votos a favor y tres en contra (incluida la oposición de la presidenta Guadalupe Taddei) abrir un procedimiento de revisión de candidatos de la elección judicial para detectar, desde antes de la jornada electoral del 1 de junio, si en esta contienda están postuladas personas sentenciadas por violencia.
Sin embargo, se permitirá competir a los presuntos violentadores, pues antes de la elección solo se daría a conocer un corte informativo sobre ello, y la recepción de pruebas seguiría abierta.
El insumo de información será utilizado por el INE para emitir – durante la sesión del 15 de junio-, la declaración de validez de la elección y las constancias de mayoría de las candidaturas ganadoras.
Los supuestos que se analizarán son los relativos a sentencias firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; el normal desarrollo sicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, o violación a la intimidad sexual; por violencia política en cualquiera de sus modalidades, o ser declarada la persona como deudora alimentaria.
Desde la presentación del punto, en la sesión de consejo general de este jueves, se explicó que los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión, responsables de la selección de candidaturas solo pidieron a los aspirantes un escrito, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que no han incurrido – o recibido sentencia- en episodios de violencia.
Incluso el comité del Poder Judicial ni siquiera concluyó esa fase, pues se disolvió antes de tiempo, por lo que algunas consejerías dijeron que los comités fueron omisos en cuanto a tener certeza de la revisión de la denominada ‘8 de 8’, regla constitucional que impide a violentadores ser postulados o llegar a un cargo por el voto.
