El Senado recibió anoche la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, por la que se crea la Comisión Nacional Antimonopolio con el carácter de un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Economía, que “permitirá al Estado recuperar la rectoría de la actividad económica”.
La iniciativa, que modifica y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, extingue , en seguimiento al mandato constitucional a la Comisión Federal de Competencia Económica, “ un órgano autónomo y ajeno al Estado”.
En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial se resalta que “por fin se crea una autoridad verdaderamente antimonopolio, en beneficio de las familias mexicanas” y al mismo tiempo se permite cumplir con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano.
“En atención a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional Antimonopolio contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía de gestión y estará dotada de independencia técnica”.
En la propuesta de 272 páginas, se establece que el Estado mexicano debe estar facultado para enfrentar dedicadamente los abusos del poder económico de las corporaciones, a través de una política antimonopolio, “toda vez que el modelo neoliberal en México debilitó el rol rector del Estado en la economía, relegándolo a un simple espectador de la actividad económica, mientras impulsaba una ola de privatización de empresas paraestatales”
Esa transferencia masiva de riqueza desde el gobierno hacia un pequeño grupo de grandes empresarios “consolidó su dominio en sectores clave como telecomunicaciones, transporte y minería, acrecentando su influencia sobre el mercado”.
En la iniciativa presidencial se explica asimismo que en ese entorno de privatización surgieron los Órganos Constitucionales Autónomos, “ entidades que, en teoría, no respondían a intereses políticos, pero en la práctica se dedicaron a proteger intereses privados y entorpecieron la capacidad operativa del Estado. Este modelo no trajo bienestar para la mayoría de la población y, en ocasiones, terminó favoreciendo a los mismos grupos económicos que debía regular.”.
