Con el voto de todas las bancadas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para que quienes posean concesiones o permisos en zonas federales marítimo terrestres estén obligadas a garantizar el ingreso público a las playas, y para que la Secretaría del Medio Ambiente garantice el paso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia, al menos un día a la semana.
Con la modificación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se da un paso más a “revertir el proceso privatizador” de los bienes y las empresas nacionales, señaló la bancada de Morena al explicar el alcance del cambio.
Para hacer efectivo el cambio, se incluyó en una reserva al dictamen de la Comisión de Turismo que la Secretaría de Medio Ambiente, en coordinación con los municipios, constituirá un registro nacional de ingreso a playas, a partir de la identificación y validación conjunta de la traza urbana, semiurbana y rural.
En la tribuna, el diputado Enrique Vázquez Navarro (Morena), señaló que, durante décadas, el país vivió “una privatización silenciosa, y a veces descaradamente abierta, de las costas del país, con la excusa del desarrollo turístico”.
Bajo ese esquema, resaltó, “se levantaron muros no solo de concreto, sino también de intimidaciones. Hoteles, fraccionamientos de lujo y clubes de playa exclusivos han cerrado el ingreso público a las playas y convirtieron el patrimonio de todos en el privilegio de unos pocos”.
Esta apropiación de lo público, indicó, no solo afecta a los turistas, también se ha traducido en el despojo de los espacios para vendedores locales.
A su vez, el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, recordó que, desde la década de los ochenta del siglo pasado, en el país se impuso un modelo que derivó en un proceso de “privatización salvaje”, que comenzó a frenarse desde 2018.
“Ya lo logramos con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, los ferrocarriles y con Mexicana; ya las recuperamos. Es decir, revertir todo aquel proceso privatizador que generó un modelo económico equivocado, y ahora lo hacemos con las playas, donde cada vez más, los ciudadanos se veían impedidos a disfrutar de ellas por concesiones, desarrollos inmobiliarios que no tenían justificación, y no la tienen, de impedir el uso y el goce de bienes nacionales”, expuso.
También, el panista David Azuara Zúñiga resaltó que la reforma no enfrenta la conservación de los derechos, sino que los reconcilia, porque un ingreso bien ordenado a playas y zonas naturales protegidas significa más ingresos para las familias e incentivos para el cuidado del medio ambiente.
“La naturaleza no es un peaje, es patrimonio público que cuidamos con reglas, no con barreras. Más ingresos sí, pero ordenados, con control de visitantes y horarios que eviten saturación. Más puertas abiertas, más ingresos locales. Cuando la gente entra la economía de los pueblos se mueve”, señaló.
El priísta Miguel Alonso Reyes planteó que se puede alcanzar un equilibrio entre el libre ingreso a playas y áreas naturales protegidas, con un turismo que respete protocolos de seguridad, de protección civil, limpieza y recolección de residuos, y al mismo tiempo garantizar un entorno que no desaliente la inversión privada en los destinos turísticos.
La reforma, que se votó por unanimidad de 465 votos, se enviará como minuta al Senado.
