El gobierno de Guatemala autorizó a la justicia mexicana la facultad de imputar más acusaciones contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. La Fiscalía General de la República (FGR), ya judicializó una nueva carpeta relacionada con desvíos de recursos federales durante su gestión, de diciembre de 2010 a octubre de 2016.
El expediente contra Duarte de Ochoa se judicializó hace una semana y se fijó fecha para la celebración de la audiencia inicial; sin embargo, la defensa del ex mandatario estatal no acudió a la diligencia e informó que su cliente se encontraba enfermo de covid-19.
La carpeta se integró a partir de las denuncias que la FGR recibió desde 2016 relacionadas con desvíos de recursos federales destinados, entre otras actividades, a la adquisición de insumos en materia de salud y obras públicas, indicaron autoridades federales.
Las fuentes consultadas refirieron que desde hace meses el Ministerio Público Federal solicitó a Guatemala la autorización para agregar cargos a Duarte de Ochoa, ya que el ex funcionario mexicano fue extraditado por la justicia de ese país centroamericano y los acuerdos internacionales establecen que ningún presunto delincuente que sea entregado bajo las reglas de esa figura jurídica podrá ser acusado de nuevos delitos en el país que lo reclama sin la aprobación de la justicia de la nación donde fue detenido.
En el caso de Duarte de Ochoa, se le consideró prófugo de la justicia desde octubre de 2016; se evadió días antes de que concluyera su mandato como gobernador de Veracruz y fue detenido con base en una orden internacional de localización y aprehensión el 15 de abril de 2017 en el hotel La Riviera de Atitlán, en la comunidad de Panajachel, Guatemala.
Javier Duarte rechazó la entrega voluntaria y el 17 de julio de 2017 la justicia guatemalteca aprobó su entrega en extradición a México, donde, desde entonces, permanece preso en el Reclusorio Norte.
Semanas atrás, la defensa de Duarte buscó que su cliente cumpliera en libertad vigilada los cuatro meses que restan de su condena, pero el recurso fue desechado por Ángela Zamorano Herrera, jueza de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.
La jueza determinó no conceder ese beneficio al considerar que Duarte de Ochoa enfrenta una acusación por el delito de desaparición forzada, y es un caso que no ha concluido; además, el ex gobernador no acreditó haber cumplido con el plan de actividades culturales, educativas, recreativas y deportivas del Reclusorio Norte, donde se encuentra.
