CIUDAD DE MÉXICO. Exfuncionarios electorales federales presentaron, a través de la organización Somos México una propuesta de reforma político-electoral orientada a blindar al Instituto Nacional Electoral (INE), garantizar recursos suficientes y oportunos para la organización de elecciones y reforzar las condiciones de equidad, legalidad e imparcialidad en la competencia política.
La propuesta cuenta con el respaldo de los expresidentes del INE Lorenzo Córdova Vianello y Leonardo Valdés Zurita, así como de los exconsejeros Marco Antonio Baños, Arturo Sánchez Gutiérrez y del exdirigente político Guadalupe Acosta Naranjo, quienes advirtieron que la democracia mexicana enfrenta un deterioro en la calidad y credibilidad de los procesos electorales, derivado de recortes presupuestales, relajamiento de las reglas de equidad y una creciente intervención del poder público en las contiendas.
De acuerdo con el documento la falta de recursos, la saturación del modelo de comunicación política y el debilitamiento de los contrapesos institucionales han impactado negativamente en la confianza ciudadana y en la legitimidad de los resultados electorales.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es el fortalecimiento de la autoridad electoral, para lo cual se plantea descartar la elección popular de consejerías y privilegiar mecanismos de designación basados en perfiles técnicos, imparciales y con experiencia, propuestos por instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y grupos ciudadanos, mediante procedimientos que requieran amplios consensos legislativos.
Asimismo, el documento propone blindar presupuestalmente al INE y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), estableciendo garantías constitucionales que impidan recortes que pongan en riesgo la organización de los procesos electorales. En el caso de los OPLEs, la propuesta defiende su permanencia como parte del régimen federal, con ajustes para mejorar su coordinación con el INE y evitar duplicidades.
Otro de los puntos clave es el fortalecimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), considerado un pilar de la credibilidad de las elecciones, mediante la revisión de sus procesos de reclutamiento, capacitación y permanencia, así como la certeza laboral de su personal.
EQUIDAD EN LA COMPETENCIA
En materia de condiciones de competencia, la propuesta plantea actualizar el modelo de comunicación política, incorporando la regulación de redes sociales, plataformas digitales y el uso de inteligencia artificial, con el objetivo de combatir la desinformación y preservar la equidad, sin afectar la libertad de expresión.
También se propone una revisión integral del financiamiento público a los partidos políticos, con énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización efectiva. Entre las medidas más relevantes destaca el endurecimiento de las sanciones, incluyendo la cancelación del registro de partidos políticos cuando se acredite el uso de recursos provenientes de la delincuencia organizada en campañas o actividades ordinarias.
La iniciativa retoma, además, la necesidad de regular de manera integral la neutralidad de los funcionarios públicos y la propaganda gubernamental, mediante una reglamentación clara del artículo 134 constitucional, ante la persistencia de conductas que afectan la equidad en las contiendas.
