El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la privación ilegal de la libertad de un grupo de mineros en Sinaloa estaría relacionada con una confusión por parte de integrantes del crimen organizado, quienes los habrían identificado erróneamente como miembros de una célula rival.
Según el funcionario, las primeras declaraciones de los detenidos, los trabajadores fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico en el contexto de la disputa entre facciones criminales que operan en la región.
Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch explicó que estas versiones corresponden a las declaraciones iniciales de los primeros detenidos, por lo que la investigación continúa abierta.
Aseguró que se espera contar con más información conforme avancen las indagatorias y se concreten nuevas detenciones relacionadas con este caso, las cuales permitirán esclarecer con mayor precisión el móvil y la cadena de responsabilidades.
Sobre el móvil del ataque, García Harfuch reiteró que la hipótesis principal es la confusión de las víctimas con integrantes del grupo contrario, en el marco de la confrontación entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”. No obstante, aclaró que esta línea de investigación se mantiene abierta y que será fortalecida conforme se obtenga mayor información de nuevos detenidos.
Al preguntarle sobre posibles actos de extorsión contra el sector minero, el funcionario señaló que, en el caso específico de la empresa afectada, no existían denuncias previas ni registros de que hubiera sido objeto de extorsión o amenazas por parte de grupos criminales.
Sin embargo, reconoció que en otros casos y en distintas entidades del país sí se han identificado prácticas de extorsión dirigidas no solo a empresas mineras, sino a diversos sectores productivos.
El titular de Seguridad detalló que, como parte de las acciones contra la extorsión, las autoridades federales han logrado la detención de más de 800 personas en 24 estados del país, lo que, según su opinión, refleja la dimensión nacional de este delito y la estrategia de combate implementada por el gobierno federal. Aunque no precisó estados específicos en ese momento, subrayó que se trata de un fenómeno extendido que requiere coordinación permanente entre autoridades federales y locales.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que instruyó al gabinete de seguridad a establecer un canal de comunicación directo con la Cámara Minera, con el objetivo de escuchar planteamientos del sector y ofrecer apoyo institucional.
Aunque señaló que no se tenía registro de denuncias formales por extorsión en este caso en particular, subrayó la importancia de mantener contacto permanente con las empresas mineras para prevenir riesgos y garantizar la seguridad de sus trabajadores.
