En medio de la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria convocada para este lunes, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, salió a defender públicamente la propuesta de modificar el calendario escolar 2025-2026 con un argumento pedagógico de fondo: después del 15 de junio, las escuelas dejan de cumplir su función real.
“Debemos ser honestos, tras la entrega de calificaciones hay una inercia en las escuelas, en todo el ecosistema educativo. Después del 15 de junio, se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa“, afirmó el funcionario.
La declaración más contundente del titular de la SEP fue directa: “Se convierte la escuela en una estancia forzada”.
“México no cabe en un solo calendario”
Delgado también planteó una lectura de fondo sobre la diversidad climática y geográfica del país. “La realidad es que México no cabe en un solo calendario“, sostuvo, poniendo como ejemplo el caso de Sonora, donde las temperaturas alcanzan los 45 grados durante los meses de junio y julio, condición que hace prácticamente inviable continuar con clases presenciales en condiciones dignas.
Este argumento se alinea con lo señalado previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia mañanera de este lunes recordó que ya existen precedentes de ajustes regionales al calendario —como en Aguascalientes, que suspende clases durante su Feria y las repone después— siempre con aval de la propia Secretaría.
“La escuela es un territorio de aprendizaje, no un resguardo de niñas y niños…”
Sin embargo, Delgado también admitió una de las críticas más repetidas en los últimos días: “Al cerrar la escuela, la carga del trabajo recae en las mujeres”. El secretario argumentó que es el sistema económico el que obliga a las familias a buscar dónde dejar a sus hijos para poder trabajar —y no la escuela la que debe resolver esa necesidad—, dejando en claro que las aulas no deben fungir como espacios de resguardo por conveniencia del mercado.
El señalamiento llega en un momento en que organizaciones de padres de familia, sindicatos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han advertido que unas vacaciones de casi tres meses —del 5 de junio al 31 de agosto— dejarían a millones de niñas, niños y adolescentes sin supervisión, mientras sus cuidadores continúan trabajando.
La CNDH exhortó a la SEP y al Conaedu a reconsiderar la medida, señalando que aumenta el riesgo de accidentes, violencia y afectaciones en el desarrollo físico, emocional y cognitivo de la infancia.
