La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer información sobre un esquema de contratos millonarios relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE), cuya operación habría comenzado hace 27 años y se mantuvo durante distintos periodos.
La revisión busca esclarecer cómo se realizaron estas contrataciones, qué empresas participaron y cuáles fueron las condiciones bajo las que se asignaron los recursos públicos a lo largo del tiempo.
El caso pone bajo revisión los mecanismos utilizados para contratar servicios y adquirir bienes dentro del organismo electoral, así como la continuidad de determinados acuerdos durante casi tres décadas.
La información también abre cuestionamientos sobre los procesos de licitación, la transparencia en el manejo del presupuesto y los controles aplicados para evitar posibles irregularidades en el uso de recursos públicos.
La dependencia anticorrupción dará seguimiento a los hallazgos para determinar si existen elementos que ameriten investigaciones adicionales y, en su caso, establecer posibles responsabilidades.
