La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León identificó presuntas operaciones de triangulación de recursos públicos por mil 793.9 millones de pesos, relacionadas con proveedores del Gobierno estatal y organismos públicos. Parte del dinero habría llegado a un despacho jurídico vinculado con la familia del gobernador Samuel García.
Los hallazgos corresponden a la revisión de la Cuenta Pública 2025 y fueron presentados el 17 de noviembre ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local por el auditor superior, Alejandro Reynoso Gil.
Durante la exposición se informó que fueron identificados 786 depósitos por mil 696.6 millones de pesos realizados por proveedores y contratistas gubernamentales hacia un despacho jurídico y fiscal. Además, se reportaron 418.8 millones de pesos en rendimientos financieros relacionados con esas operaciones.
Las investigaciones periodísticas identifican al despacho como Firma Jurídica y Fiscal Abogados, relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro. Sin embargo, el auditor no mencionó directamente sus nombres durante la presentación.
Entre los casos señalados se encuentra el del DIF de Nuevo León y el proveedor Don Cacahuato. Parte de los recursos pagados a esta empresa habría pasado por cinco compañías relacionadas entre sí, hasta llegar al despacho jurídico. En un periodo de ocho días, se habrían transferido 23.2 millones de pesos.
También se expusieron operaciones relacionadas con la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Isssteleón. De acuerdo con la revisión, ambas instituciones habrían recibido 420.6 millones de pesos, de los cuales 74.1 millones presuntamente fueron transferidos al despacho.
Los señalamientos se suman a los reportados anteriormente por la Auditoría Superior de la Federación, que identificó operaciones por al menos 728.13 millones de pesos mediante un esquema similar.
La Auditoría estatal también informó que, durante la revisión de la Cuenta Pública 2025, encontró 8 mil 902 observaciones no solventadas por un monto de 61 mil 001 millones de pesos.
Las presuntas irregularidades deberán ser aclaradas por las autoridades correspondientes. Los hallazgos de auditoría no representan por sí mismos una sentencia ni acreditan responsabilidad penal del gobernador o de sus familiares.