Por Lorenza Sigala
El reciente nombramiento de Miguel Ernesto Pompa Corella como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) generó reacciones inmediatas dentro del gremio jurídico en Sonora.
Uno de los posicionamientos más contundentes provino del abogado Héctor Contreras Pérez, expresidente de la Barra Sonorense de Abogados, quien calificó la designación como “un acto inesperado” y un mensaje “desalentador” para la comunidad jurídica del estado.
Contreras Pérez aseguró que, a su juicio, el nombramiento “confirma que Morena se ha convertido en un reducto de exfuncionarios que no han salido bien librados del servicio público”. Según explicó, desde su óptica el perfil de Corella no corresponde a lo que exige la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, especialmente en lo relativo a experiencia y solvencia profesional en derecho administrativo y fiscal.
“El nombramiento del magistrado Corella no pasa el menor escrutinio, porque no cumple con los requisitos fundamentales. Se requiere contar con una solvencia moral acrisolada y, sobre todo, con una experiencia profesional mínima de ocho años en materia administrativa o fiscal. Él no ha ejercido ni en la academia ni en el servicio público dentro de esas disciplinas.”
El abogado sostuvo que se trata de un “nombramiento político”, que atribuyó al respaldo del senador Alfonso Durazo Montaño.
“Esto no es una decisión que busque eficiencia, calidad o conocimiento técnico; se privilegia la incondicionalidad y el apoyo a un amigo, independientemente de que no tenga la experiencia correspondiente”, expresó.
PREOCUPACIÓN POR EL PAPEL DEL TRIBUNAL
Contreras Pérez remarcó que el TFJA desempeña tareas de alto impacto para la ciudadanía, pues ahí se revisan actos de autoridad relacionados con multas, créditos fiscales y sanciones administrativas, así como procedimientos donde se determina la responsabilidad de servidores públicos.
“Quienes integran esas salas deben tener una amplia experiencia en estas materias. En este caso, el magistrado Corella —según lo que conocemos de su trayectoria— no cuenta con antecedentes en derecho administrativo ni fiscal. Eso es preocupante.”
El exdirigente de la Barra Sonorense recordó también que, en el estado, existe una Sala Regional en Ciudad Obregón, y no descartó que eventualmente el nuevo magistrado pudiera ser asignado a esa sede.
Además, señaló un antecedente polémico en la trayectoria pública de Corella cuando se desempeñó como notario:
“No hay que olvidar que fue esta administración la que retiró su patente de notario por considerarla obtenida de manera no clara y con irregularidades. Eso también debería valorarse”, apuntó.
LLAMADO A ELEVAR LOS ESTÁNDARES
Contreras Pérez concluyó que el caso debería invitar a reflexionar sobre los criterios utilizados en la designación de magistrados federales.
“Lo que se está enviando es un mensaje muy negativo. Estos cargos exigen profesionalismo probado, independencia y profundo conocimiento técnico. Difícilmente se puede cumplir con eso cuando el perfil designado no reúne los requisitos que marca la ley.”
Hasta el cierre de esta edición, ni Corella ni autoridades federales habían emitido una postura pública sobre los señalamientos.
